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El secreto profesional no es sólo norma ética, es la piedra angular sobre la que se construye la defensa penal. Sin garantía absoluta de confidencialidad la relación entre abogado y cliente no existe

¿Qué dice la doctrina y legislación venezolana?

La Doctrina

El maestro Chiossone, al analizar la normativa sobre lo que es el secreto profesional, distinguió el origen de la reserva: El estado de la persona, ya sea por su subjetividad o por el ejercicio de una profesión determinada.

Para el abogado, el secreto profesional no es opcional, es una condición sine qua non para ejercer el Derecho.

El abogado, frente a la autoridad pública, posee la facultad de abstenerse de revelar confidencias. Como juez único de su conciencia debe distinguir entre hechos públicos y aquellos que comprometen el honor y la reputación de su asistido o representado, incluso ante un llamado a testificar.

El cliente debe poder expresarse con total confianza, de lo contrario, el consejo legal carece de eficacia.

Es una regla de ética impuesta a quien en determinado momento puede llegar a poseer preciosos secretos de donde emanan, tal vez, el honor, la reputación y el crédito de un cliente

El Código Penal venezolano

El Código Penal tutela esta obligación en las siguientes normas:

• Artículo 189: Tipifica la revelación indebida de secretos. Castiga a quien, por razón de su profesión u oficio, divulgue un secreto que cause perjuicio, sin existir «justo motivo». La pena, establecida de cinco a treinta días, subraya la importancia del bien jurídico tutelado: La confianza profesional.
• Artículo 190: Establece el carácter de instancia privada. El enjuiciamiento por este delito requiere de la acusación de la parte agraviada, siempre que el hecho no afecte el orden público.

Ley de abogados (1967)

Establece en su artículo 61:

«Los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados, conocerán en Primera Instancia de las infracciones a la presente Ley y su Reglamento, a las normas de ética profesional, las resoluciones y acuerdos que dicten las Asambleas y demás órganos y organismos profesionales, así como las ofensas inferidas a los miembros de la Judicatura, abogados o representantes de las partes; del abandono de la causa, negligencia manifiesta en la defensa asumida, cohecho, ilegal de la profesión y la violación del secreto profesional, salvo que este ocurra para evitar o denunciar la perpetración de un hecho punible».

Código de Ética Profesional del Abogado venezolano (1985)

Sobre el secreto profesional prevé las siguientes normas:

Artículo 25. El abogado guardará el más riguroso secreto profesional. Este secreto amparará sus archivos y papeles aún después que el abogado haya dejado de presentarles sus servicios al patrocinado o al defendido. El abogado podrá negarse a testificar en contra de éste y abstenerse de contestar cualquier pregunta que envuelva la revelación del secreto o la violación de las confidencias que hubieren hecho.
Tampoco podrá el abogado comunicar a terceras personas lo que llegare a su conocimiento por causa de su profesión. Queda comprendido del secreto profesional, todo cuanto un abogado trate con el representante de la parte contraria.

Artículo 26. El deber de guardar el secreto profesional comprenderá también todo lo que se haya revelado o descubierto con motivo de requerirse la opinión del abogado, su consejo y patrocinio y, en general, todo lo que llegare a saber por razón de su profesión.
El abogado no debe intervenir en asuntos que puedan conducirlo a revelar el secreto, ni a utilizar en provecho propio o de su patrocinado, representado o defendido las confidencias que haya recibido en el ejercicio de su profesión, salvo que obtenga el consentimiento previo, expreso y escrito del confidente.
La obligación de guardar el secreto profesional comprende también los asuntos que el abogado conozca por trabajar en común o asociados con otros abogados o por intermedio de empleados o dependientes suyos o de los otros profesionales.

Artículo 27. El abogado que fuere acusado judicialmente o denunciado por su patrocinado ante el Tribunal Disciplinario del mismo colegio, estará dispensado de su obligación de guardar el secreto profesional, en, los limites necesarios e
indispensables para su propia defensa.

En Venezuela, el secreto profesional trasciende el deber deontológico, constituye una garantía sustancial del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Sin la certeza de confidencialidad absoluta entre defensor y asistido, la defensa técnica se vacía de contenido, comprometiendo irreparablemente la legitimidad de la administración de justicia.