@doctorgoitia
Ejercer la facultad disciplinaria contra quien actúa de mala fe en el proceso no significa, en lo absoluto, pérdida de imparcialidad del juzgador.
Corresponde al juez hacer respetar las normas que rigen el proceso, de lo contrario, la Administración de Justicia quedaría indefensa ante actuaciones impropias.
No tendría lógica que investido de poder para mantener el orden, tuviera que inhibirse precisamente por ejercer esa facultad.
Doctrina… y una decisión de @doctorgoitia
Al analizar la relación entre la conducta de los abogados y la labor del juez, es fundamental recordar lo señalado por el insigne tratadista venezolano Humberto Cuenca (1979):
“…existe un sistema de disciplina judicial que bien aplicado evitará que se tomen como hechos de enemistad manifiesta cuestiones que son de simple orden y respeto en el ámbito judicial…”.
Esta postura la he defendido por muchos años. En mi gestión como Juez Superior Penal Titular por Concurso de Oposición en la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas, dejé sentado en Ponencia del 16-11-2005 (Expediente N° 2418-05) lo siguiente:
“…quienes ejercemos la delicada labor de administrar justicia vivimos situaciones que, en otros ámbitos, afectarían la imparcialidad. Sin embargo, las vicisitudes del proceso penal debemos asumirlas con entereza, sin dejarnos acorralar por actuaciones aviesas que pasan de lado el mandato constitucional de coadyuvar a alcanzar la justicia…”.
La facultad sancionatoria como garante del proceso
Es inaceptable que, ante las maniobras comunes de litigantes de mala fe, el juez opte por el alejamiento de la causa. Tanto el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) como la Ley Orgánica del Poder Judicial facultan al juez para corregir y sancionar. Esto es lógico: si el juez es el árbitro, es su deber garantizar el respeto a las normas sin que esto suponga falta de objetividad.
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