@doctorgoitia

¿Puede un juez que admitió la acusación dirigir posteriormente el debate oral y público? La respuesta en el ordenamiento jurídico venezolano es un rotundo NO, fundamentada en la garantía constitucional de la imparcialidad judicial.

En un caso en el que intervine como integrante de Corte de Apelaciones, una juez que debía celebrar un juicio oral decidió inhibirse, alegando que previamente —por razones de competencia funcional— había actuado como juez de control en la misma causa. En esa instancia preliminar, admitió la acusación y, por ende, tuvo conocimiento del asunto emitiendo opinión previa.

El Criterio de la Corte de Apelaciones

Al resolverse la incidencia, se declaró con lugar la inhibición con apoyo de doctrina patria y en base a la naturaleza jurídica del auto de apertura a juicio. Los fundamentos principales se centraron en dos aspectos:

• La fijación del thema decidendum: El fallo dictaminó que con el auto de apertura a juicio se fijan con precisión los límites fácticos y jurídicos que enmarcarán el debate oral y público. Al ser la pieza con la cual se controlará el Principio de Congruencia, su emisión constituye per se una opinión sobre el fondo de la causa.
• La opinión que incapacita: La Sala asumió la posición del maestro Humberto Cuenca, señalando que “la opinión que incapacita a un juez para resolver el fondo del asunto es aquella que recae verbalmente o por escrito sobre los hechos que constituyen lo principal del pleito”.

Conclusión

La admisión de la acusación y la consecuente emisión del auto de apertura a juicio trascienden la simple ordenación del procedimiento.

Al delimitar el thema decidendum y fijar los parámetros fácticos del litigio, el juzgador de control realiza un pronunciamiento sustancial sobre la viabilidad penal y la participación del justiciable, configurando un claro adelanto de opinión sobre lo principal del debate.

​En observancia de la doctrina procesal patria y la garantía constitucional del juez natural, el operador de justicia que valida la pretensión punitiva queda legal y éticamente inhabilitado para presidir la fase de juicio oral.

De permitirse que un mismo togado ejerciera funciones de control y juzgamiento, se pulverizaría la imparcialidad objetiva y vulneraría el principio acusatorio que rige el proceso penal venezolano.

La inhibición oportuna no constituye una formalidad sino una barrera de contención indispensable contra la contaminación del criterio judicial.

La pureza del debate oral y público exige la intervención de un juez libre de convicciones anticipadas, garantizando al justiciable un debate auténtico donde la culpabilidad se determine exclusivamente mediante la contradicción probatoria.