Desde mediados de junio 2026 he venido recibiendo en mis canales digitales la imagen de un documento rotulado como Circular N° 004-06-2026, atribuido a la Dirección General de Regiones de Establecimientos del Sistema Penitenciario.

En vista de la insistencia e incremento de los mensajes que me han hecho llegar colegas y ciudadanos preocupados por el ejercicio de la abogacía en el país, considero oportuno y necesario abordar, como Ex Juez Superior Penal Titular de la República, esta situación.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la supuesta directriz buscaría fijar un «Procedimiento obligatorio para el nombramiento de defensa privada» en los recintos carcelarios.

Plantea un protocolo de cuatro fases que abarca desde la acreditación presencial del abogado y el llenado de un formato estandarizado, hasta la validación indelegable por parte del Director del penal mediante firma y huellas dactilares, condicionando a este trámite su remisión al tribunal, a los fines de la juramentación.

Procedí a realizar una revisión exhaustiva en la web y hasta el momento de esta publicación no existe ningún registro o pronunciamiento concerniente a la Circular, en la página oficial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, ni en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Llamado a las autoridades

Tratándose de un tema sensible, por impactar derechos fundamentales de los privados de libertad, resulta obligante realizar un respetuoso llamado al Ciudadano Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, a fin de que se aclare públicamente la veracidad o falsedad del documento.

Es urgente. Hay que evitar que operadores de justicia den por cierto un acto administrativo sobre el que existe hesitación.

La vigencia del Código Orgánico Procesal Penal

A modo de reflexión estrictamente académica es importante recordar que el Ordenamiento Jurídico venezolano establece con absoluta claridad las normas que rigen el nombramiento y la juramentación de la Defensa Técnica.

El texto adjetivo penal consagra el derecho del procesado a designar a su defensor de confianza sin cortapisas ni supeditaciones a formalismos ajenos a la función jurisdiccional.

Exigir requisitos previos de procedibilidad o supeditaciones administrativas ante autoridades del Subsistema Penitenciario, para habilitar la actuación judicial de un abogado, significaría una afectación directa del derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Prudencia

A todo evento, la prudencia debe privar en jueces, abogados, fiscales y policías. Mientras no exista un anuncio oficial en los medios institucionales, la Comunidad Jurídica debe apegarse estrictamente a lo establecido en la ley procesal penal (COPP-2021.pdf). La nación espera, para su tranquilidad, que la autoridad ministerial esclarezca oportunamente este asunto.