Los acontecimientos originados tras los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela, en los que no pocos efectivos de cuerpos policiales y militares fueron captados en grabaciones, apoderándose de divisas y bienes en las ruinas de edificaciones colapsadas, han expuesto una de las manifestaciones más profundas de las deficiencias de los organismos de seguridad: el saqueo policial y militar.

Un examen básico de la conducta que se menciona demuestra lo insuficiente de la respuesta punitiva tradicional.

Tan inmorales actuaciones, en lo básico, configuran tipos penales como el hurto calamitoso, corrupción y peculado, pero limitar esa rapiña en el epicentro de un desastre natural, a estos delitos, es permitir un inaceptable déficit de tutelaridad por parte del Estado.

En el ordenamiento jurídico venezolano, la figura de Traición a la Patria (Título I del Libro Segundo del Código Penal) se configura bajo esquemas clásicos vinculados a la hostilidad extranjera, la colaboración con el enemigo en conflictos armados o la puesta en peligro de la independencia nacional frente a terceros Estados.

En estricto cumplimiento del principio de legalidad y tipicidad penal (Artículo 49.6 de la CRBV y Artículo 1 del Código Penal), es jurídicamente imposible subsumir el pillaje de uniformados durante una calamidad pública dentro del delito de traición a la patria, dada la ausencia de una norma concreta que contemple esta hipótesis fáctica.

Ante lo expuesto, surge el imperativo ético y académico de proponer una reforma penal sustantiva que tipifique de forma autónoma el pillaje institucional en situaciones de catástrofe, reconociendo su verdadera naturaleza lesiva: Atentado directo contra la Seguridad de la Nación.

La necesidad de la reforma penal

El planteamiento de una reforma legislativa en esta materia no es un mero afán punitivo, sino la necesidad de adecuar la respuesta del Estado ante conductas que provocan grave daño social.

Dos aspectos a considerar:

1. Quiebra de la fe pública y riesgo de anarquía: El monopolio del uso legítimo de la fuerza conferido a los cuerpos policiales y militares, descansa sobre un pacto republicano de confianza (Contrato Social). Cuando el ciudadano observa que el funcionario actúa como depredador en el escenario de una tragedia, la fe en la institucionalidad se disuelve. La reacción de la gente —como destruir las evidencias criminalísticas porque no confía en los custodios de la ley— demuestra que la corrupción en momentos de calamidad genera un vacío de autoridad que degenera en justicia por mano propia.
2. Reconfiguración del bien jurídico en estados de excepción: Durante una catástrofe natural que amerite o no la declaratoria de un Estado de Alarma (Artículo 338 constitucional), el objeto tutelado por el Derecho Penal se desplaza de la mera propiedad privada a la subsistencia y estabilidad de la Nación, de forma que el pillaje perpetrado por quien tiene el deber legal de socorrer, no es un simple delito, es una interferencia dolosa contra las operaciones de auxilio civil.

Fundamentos para una nueva tipificación

Para articular una propuesta legislativa coherente con la Teoría General del Delito y el Derecho Penal garantista, la reforma debe estructurarse sobre tres ejes:

1. Infracción cualificada del deber especial de fidelidad. A diferencia del ciudadano común, el funcionario policial o militar, público en amplios términos, ostenta una relación especial de sujeción con el Estado. Bajo la doctrina de los delitos de infracción de deber (Pflichtdelikte), el reproche penal no se agota en el resultado material (la apropiación del bien), sino en la vulneración de la posición de garante institucional. Instrumentalizar la investidura, el armamento y el acceso a zonas restringidas de desastre para el lucro personal, constituye una defección de los fines esenciales del Estado (Artículo 2 de la CRBV).
2. La asimilación de la «Hostilidad Interna». Una interpretación elemental de la protección de la República exige entender que la Seguridad de la Nación no solo se degrada ante agresiones bélicas extranjeras. En el marco de un sismo de gran magnitud, la desestabilización y el colapso operativo que provienen de funcionarios públicos, representan la principal amenaza para la continuidad del Estado. El agente que sabotea la respuesta de emergencia mediante el desvalijamiento de las víctimas, omisión de socorro, corrupción, abuso de poder, adopta una postura de beligerancia interna contra la población, equiparable en lesividad a un acto de sabotaje en tiempo de guerra.
3. Proporcionalidad de la sanción frente al daño. Las penas contempladas para los ilícitos en casos de catástrofes, resultan irrisorias frente al impacto cualitativo de la conducta del funcionario. La tipificación autónoma que se plantea debe establecer una escala punitiva severa que refleje el desprecio por la vida humana, el aprovechamiento de la vulnerabilidad extrema y la traición a los deberes de la investidura pública.

Base para la reforma

Se propone la inclusión de un tipo penal autónomo en el catálogo de Delitos contra la Independencia de la Seguridad de la Nación, redactado bajo los siguientes parámetros:

Artículo (X) Traición al Deber Institucional en Catástrofes Nacionales:

«El funcionario público, militar o policial que, valiéndose de su cargo, autoridad, armamento o de las facilidades operativas derivadas de un estado de catástrofe, desastre natural, calamidad pública o declaración de estado de excepción, ejecute actos de apoderamiento, saqueo o apropiación indebida de bienes, divisas o recursos destinados al auxilio de las víctimas o presentes en el lugar de la tragedia, será sancionado con la pena de 10 a 20 años de prisión.

La misma pena se aplicará cuando la conducta afecte la integridad de las labores de socorro o desnaturalice los protocolos de custodia de bienes en zonas de exclusión o emergencia.»

Conclusión

El Derecho Penal no puede permanecer estático ni atado a fórmulas del siglo XX frente a realidades complejas del siglo XXI. Aceptar que el pillaje de uniformados es un simple «hurto calamitoso» o un acto de corrupción administrativa, implica una indiferencia consciente de la función de máxima protección en situaciones de tragedias.